Paradójicamente, las protestas contra el sistema instaurado por los ayatolás conservadores en Irán, que elimina cualquier tipo de reformismo abierto, son muy chiitas. La reflexión sobre el  martirito del imán Husáin ibn Ali en Kerbala, en el año 680, a lo largo del tiempo ha dado pie, en el ámbito chiita, a una profunda consideración por el sufrimiento y el fracaso como elementos positivos de la dimensión ética de la vida. Todo sincero creyente chiita valora el culto al martirio (shahadat) y la disposición a sacrificar su vida por el bien común, hasta incluso oponerse a la tiranía y la injusticia. En la narrativa del régimen ese deber hay que orientarlo a los enemigos tiránicos por excelencia: israelíes, americanos e infieles.

Sin embargo, parece que el pueblo iraní hubiera elaborado colectivamente una lectura nueva e imprevista de tal deber; a saber: oponerse al régimen opresivo de los ayatolás conservadores, aun a costa del martirio y por el bien de todos. Al final, son precisamente el poder y la opresión del régimen los que empujan a mucha gente al sacrificio por la liberación del pueblo. Es lo opuesto a la tesis oficial obstinadamente sostenida por el aparato, para quien las revueltas son todas culpa de los enemigos externos, que corrompe a algunos y son pocos, deshonestos y criminales.

El lunes 12 de diciembre, Majid Reza Rahnavard, de 23 años, fue ahorcado en una grúa con la cabeza cubierta por un saco. Fue una ejecución en plena calle en Mashhad, una gran ciudad a casi mil kilómetros al este de Teherán. Y resulta emblemático, porque la palabra mashhad significa santuario, entendido como lugar donde está sepultado un mártir. Después de apalearlo, Majid confesó que durante una manifestación había matado a puñaladas a dos guardias basij (policía moras iraní). Al régimen no le vale tener en cuenta que los basij han asesinado desde el mes de septiembre hasta hoy a unos 488 manifestantes, según la organización Iran Human Rights (más de 500 según otras fuentes, obviamente no oficiales).

La ejecución de Majid muestra evidentes y macabros fines intimidatorios, después de que cuatro días antes fuera ahorcado otro manifestante, esta vez en una cárcel cerca de Teherán. Se llamaba Mohsen Shekari y también tenía 23 años. Lo habían acusado de bloquear el tráfico y haber herido a un basij con intención de matarlo. Y por dinero. Al menos esa es la tesis de la acusación. La de la defensa no se conoce, pues simplemente no había defensa. En ambos casos el tribunal declaró unilateralmente que se trataba de un crimen de moharebeh, es decir, guerra contra Dios, que implica pena de muerte.

Por otra parte, dictar un crimen de moharebeh sería una lectura demasiado ligada a la sharia, que en la tradición musulmana se refiere exclusivamente al ámbito de la guerra, a las manifestaciones de protesta. Y no siempre comporta pena de muerte, como pretenden algunos jueces iraníes partidarios de la horca. Lo dice nada menos que un miembro del Consejo de Expertos y ex jefe del Tribunal Supremo iraní, el ayatolá Morteza Moghtadai, lo cual demuestra que incluso entre los ayatolás hay voces que disienten de la línea intransigente del régimen, o sea: tolerancia cero con quien no se alinea.

De todas formas, el efecto disuasorio que el régimen pretendía con la ejecución de estos dos manifestantes no se ha cumplido. Tras la ejecución de Majid y la destrucción de la vivienda familiar del «culpable», ha habido personas con el suficiente coraje como para salir a la calle y clamar: «Por cada persona asesinada se alzarán mil más».

Además de las condenas capitales (unas doce por ahora), sobre los manifestantes arrestados (unos dieciocho mil) se ciernen sanciones bastante duras. El jefe de la magistratura iraní, Ali  Alghasi-Mehr, se enorgullece de sus 400 condenas a manifestantes solo en la provincia de Teherán: 160 condenados a penas entre 5 y 10 años de cárcel; 80 entre dos y 5 años; otras 160 hasta 2 años.

¿Quiénes son esos manifestantes que desde hace tres meses no dejan de pedir con insistencia que desaparezca el régimen? Según observadores internacionales autorizados, además de la mujeres que iniciaron las protestas tras la muerte de la joven Mahsa Amini, habría sobre todo muchos jóvenes y muy jóvenes, chicos y chicas. La organización Save the Children, por ejemplo, ha denunciado que entre los detenidos hay entre 500 y 1.000 menores, algunos de ellos amenazados con la ejecución. Y según Amnistía Internacional, el 14% de los muertos en las protestas por la acción de los basij serían menores.

En una interesante entrevista de Asianews.it, del pasado 13 de diciembre, Riccardo Redaelli, director del máster en Estudios sobre Oriente Próximo, de la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Milano, afirma entre otras cosas: «El régimen está decretando su fin a largo plazo, porque no puede haber futuro para un país que asesina a sus nuevas generaciones».