Nuestra actual situación sociopolítica, en una parte significativa, se halla minada por ese fenómeno cambiante y destructivo que se designa con una palabra de vario contenido: corrupción. En el ámbito físico, la corrupción altera la naturaleza de las cosas; en lo económico y social, invierte la finalidad de las instituciones y las orienta hacia actividades contrarias al bien común, envileciendo a las personas que se dejan envolver en sus redes. Y ese envilecimiento moral es más rechazable cuando se trata de personas e instituciones que desempeñan funciones de responsabilidad pública.

Entre otros, los casos de Marbella y Ciempozuelos evocan situaciones inaceptables, y aun impensables para el ciudadano de recta conciencia, pues no es fácil entender que fenómenos de tales características hayan podido desarrollarse, a veces durante años, con casi completa impunidad, si no es con una amplia complicidad de estamentos políticos y sociales. Lo más grave de la difusión de estos fenómenos antisociales es que suelen aprovecharse de la especulación inmobiliaria, que afecta a una necesidad básica como es la vivienda urbana, que constituye el “espacio vital de la familia”, según la definió Pío XII.

Los ayuntamientos, que rigen las comunidades locales y conocen mejor las necesidades del ciudadano, en no pocos casos han considerado la especulación sobre el suelo como una de las fuentes de financiación municipal, y también –¡qué triste!– de los ingresos personales de algunos administradores. La especulación sobre el suelo presenta múltiples aspectos y modalidades, a través de las fases de un proceso que concluye normalmente con la venta o arrendamiento de las viviendas construidas. Y la realidad actual pone de manifiesto que uno de los artículos de primera necesidad, como es la vivienda familiar, se ha convertido en artículo de lujo, en vez de irse abaratando y llegar a precios asequibles para los bolsillos más modestos.

Cambian los gobiernos, pero ninguno aborda con eficacia los mecanismos para solucionar este problema de enorme trascendencia social. Tampoco se entiende fácilmente la falta de actuaciones contundentes, dentro de la legalidad, por parte de los sindicatos de trabajadores y de las asociaciones de consumidores. Y mientras, las mafias andan sueltas y ensayan con enorme ingenio creativo nuevas formas de corrupción, ya que la complejidad y el dinamismo de la economía ofrece posibilidades inéditas para lucrarse con el dinero ajeno.

No bastará con la aplicación estricta de leyes punitivas –que en la práctica no siempre sucede– para cortar de raíz la corrupción, y mucho menos si la llevan a cabo sectores de población bien situados social y políticamente, y con recursos suficientes para eludir los procesos penales. Hará falta una formación moral de las conciencias en el manejo de los recursos económicos, sobre todo en los ámbitos financiero y fiscal. Y los centros católicos de carácter académico tienen una misión ineludible en ese campo de formación moral, en el ámbito de los negocios y de la transparencia económica, frente a las corruptelas usuales.

Curiosamente, todo esto contrasta estridentemente con los ambientes, cada vez más frecuentes, donde se ejerce el voluntariado, a través de las ONGs, al servicio de los necesitados, allí donde aflora la pobreza y la miseria, con una entrega y un sacrificio que no eran habituales en tiempos no tan lejanos. Esto nos da esperanza, y nos permite terminar con un lema que invita a no tolerar la corrupción: frente a la cultura del tener, la cultura del dar.