Hoy los asuntos políticos se plantean con un formato que más se parece a una refriega entre rivales (cualquier ejemplo sirve) que a una discrepancia de pareceres donde las partes deseen entenderse y llegar a serias conclusiones de interés público. Lo del formato no es indiferente, porque cuando se plantea un duelo, o un concurso, o un partido de fútbol, sólo uno de los contrincantes puede salir vencedor, y el empate a nadie satisface. Ésta parece ser la dinámica que se ha establecido en el estamento político, y parece difícil cambiar de costumbres, porque las rutinas imponen mucha inercia.

Si el formato es cuestionable, más cuestionable es que se usen determinados elementos en la pelea. Vale que se use un balón, o un tablero de ajedrez, o un cuestionario de preguntas para dirimir la excelencia entre unos contrincantes, pero ciertamente causaría bastante sorpresa que saltara una pelota en mitad de un hemiciclo parlamentario, porque no parece el lugar más apropiado para contiendas lúdicas. Bueno, pues algo de esto está pasando, y las pelotitas que están saltando en mitad de los distintos “terrenos políticos” son muchas y variopintas. Mejor no poner ejemplos.

Como si de una partida de cartas se tratase, los gobernantes de turno se han sacado de la manga un comodín, el de los matrimonios homosexuales (sin duda porque le están faltando cartas para continuar la partida), y han conseguido sorprender al respetable con esa maniobra. Y el respetable ha reaccionado en consecuencia: ¡pitos!

El Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF) salió al paso con un documento en el que expone trece argumentos, ninguno de «índole religiosa», para demostrar que «permitir el matrimonio homosexual y la adopción de niños por homosexuales es atentar contra las familias y supone un grave daño a los niños y a la sociedad entera». Por su parte, el Foro Español de la Familia, la mayor plataforma de asociaciones familiares de España, que agrupa a más de 5.000 asociaciones, 20 confederaciones y 117 federaciones, y representan a más de 4 millones de familias, ha valorado los dos informes que llegaron al Congreso sobre la adopción por parte de parejas homosexuales señalando que «ni los estudios ni la metodología utilizada son científicamente válidos».

Las principales confesiones religiosas de España sacaron un comunicado conjunto para pedir al Parlamento que no se modifique la definición jurídica del matrimonio, que responde al concepto de unión legítima de un hombre y una mujer. Otra cosa es regular la convivencia entre personas del mismo sexo y, como también señaló el IVAF, reconocer sus derechos pasa por que puedan «registrar públicamente sus amistades íntimas como uniones de hecho en el marco de la protección de la seguridad social». Pero para ello no es necesario redefinir la figura legal del matrimonio.

La Conferencia Episcopal, que se había anticipado hace un año con un documento titulado “En favor del verdadero matrimonio”, ha querido recordar ahora «que los católicos, como todas las personas de recta formación moral, no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva», y apela al «derecho a la objeción de conciencia» garantizado por la legalidad vigente. Y a propósito de objeción, la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia ha recordado que el Tribunal Constitucional se pronunció en su momento a favor de este derecho: «La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución».

¿Atenderá el gobierno a estos pitos, o va a esperar hasta la próxima convocatoria a las urnas?