La Unión Europea (UE) es todavía hoy un ente en movimiento, basta pensar en la última ampliación a 25 estados, con 10 nuevos miembros, o la lista de espera de nuevos países y el desafío que supone la solicitud de ingreso de países como Turquía, sin olvidar que también forman parte de Europa Rusia y otras repúblicas de la antigua URSS.

Además, no sólo las fronteras, sino las políticas internas y externas están en continua mutación, y ello nos da una percepción de Europa como de un organismo vivo que necesita continuos ajustes, para lo cual, no cabe duda, hay que dotarlo de un marco jurídico suficiente y amplio. De hecho, a pesar de que la propuesta aprobada por los 25 se muestra, por un lado, como algo ambiguo, y por otro, demasiado estructurado, en cualquier caso, el Tratado Constitucional representa un valor en sí mismo, porque ante la proliferación normativa ya existente y difícilmente inteligible, hay que apuntar a la identificación de un núcleo fundamental común para toda la Unión que, sin ser uniformante, pueda ser unificante.

La Constitución se articula en cuatro partes: en la primera se enumeran los principios fundamentales, competencias, composición y funcionamiento de las instituciones europeas; en la segunda se recoge la carta de derechos fundamentales de la UE; en la tercera se fijan los procesos decisionales, además del alcance y modalidades de actuación de las políticas de la UE y sus instituciones; en la cuarta, por último, se determinan los procesos para la entrada en vigor, así como los protocolos y declaraciones a las que se refiere el texto constitucional. No nos detenemos ahora en cada uno de estos puntos, pero sí queremos subrayar algunos aspectos importantes de la identidad europea, sin especificar las contradicciones que contiene el texto constitucional –y en abundancia–, que deben aprobar y refrendar los 25 estados miembros según fórmulas diferentes, desde aprobaciones parlamentarias a refrendos ciudadanos, como el previsto en España para el próximo mes de febrero. Quizás sea justamente la identidad la transformación europeas más compleja de todas, para dar cabida a la exigencia unitaria de la múltiple diversidad que la compone.

El nuevo Preámbulo hace referencia a la “herencia cultural, religiosa y humanista de Europa”. Autorizadamente –y no sólo por parte de la Iglesia Católica– se ha lamentado la falta de referencias específicas a las raíces cristianas de Europa. Se trata de un tema que se ha cargado de tintes demasiado políticos, basándose en motivos ajenos a la genuina búsqueda de lo que une a Europa y a los europeos. Este debate –ampliamente recogido en los medios– ha producido un resultado insuficiente, ya que se habrían podido aprovechar las discrepancias para relanzar la idea de una Europa con una identidad compuesta y clara, pero lejos del relativismo.

No obstante, no parece que la nueva constitución olvide muchos de los valores fundamentales del cristianismo y del papel que ha jugado a lo largo de los siglos. De ese catálogo de valores echamos en falta la referencia directa a la fraternidad. Por eso, será misión de los cristianos europeos añadirla de facto y con los hechos. En este sentido, y entre las distintas iniciativas encaminadas a tal objetivo, baste recordar el compromiso asumido por muchos movimientos cristianos de todo el continente y de distintas denominaciones en la jornada “Juntos por Europa”, celebrada en Stuttgart el pasado 8 de mayo.

En cualquier caso, creemos que hay que recoger las amplias posibilidades de participación ciudadana que nos ofrece –también a los cristianos– la nueva constitución y comprometernos para explorar las dimensiones políticas de la fraternidad, lo que quiere decir, en la práctica, búsqueda de la justicia social, disponibilidad para compartir los recursos con las áreas europeas y de otros continentes menos favorecidas, compromiso para alcanzar un orden mundial basado en la paz y en los valores, más que en el uso de la fuerza y en los intereses de los más fuertes, etc.

Dejando al margen la vaga referencia –totalmente inadecuada– al “patrimonio espiritual y moral”, la carta constitucional se fija objetivos altos, como “un futuro de paz basado en los valores comunes” y sobre todo la afirmación de que la Unión “pone a la persona en el centro de su acción”. Por otro lado, se fija la meta de “superar las antiguas divisiones” para forjar un destino común.

Una Europa “unida en la diversidad” es un desafío demasiado grande como para no implicarse activamente, como para perder la oportunidad histórica que se nos ofrece de crear un ámbito plenamente válido en pro de un mundo en paz, más justo y solidario, más social e interrelacionado, enriquecido por la diversidad y la fraternidad. ¿Difícil? Sí, pero no imposible.