| Cada día que pasa parece más inminente e inevitable el
ataque de Estados Unidos al Estado musulmán de Irak, como una de las actuaciones de la
gran potencia mundial contra el terrorismo, a raíz del atentado contra las Torres
Gemelas, del que se ha cumplido ya un año. La proximidad y posibilidad de esta guerra
plantea el problema insoslayable de su justificación moral y jurídica. La guerra moderna, con sus instrumentos mortíferos de destrucción
masiva, incluso aunque se limite a las armas convencionales, viene a resultar, en
realidad, una gran injusticia, cuyas peores consecuencias las sufre la población civil
indefensa, debido a la dimensión de “totalidad” que afecta a combatientes y no
combatientes.
La ONU fue creada principalmente, según su Acta Fundacional,
para mantener la paz, estableciendo la obligación a los Estados miembros de no recurrir a
la guerra, sino de solucionar pacíficamente sus conflictos, como ya se había determinado
en la extinguida Sociedad de Naciones, que fue constituida al finalizar la primera guerra
europea (1918).
Pero la inoperancia de la ONU, debido principalmente al veto
a sus decisiones que ejercen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China,
Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia), ha permitido que, después de la última
guerra mundial, los conflictos bélicos parciales hayan sido intermitentes y el aumento de
la acumulación y el tráfico de armas no haya sido detenido, así como la proliferación
de potencias nucleares.
Resulta contradictorio y discriminatorio que se considere
como un peligro de agresión la fabricación y acumulación de armamento de destrucción
masiva por parte de un determinado Estado, cuando existen otros, de Oriente y Occidente,
con las mismas o aún mayores tenencias armamentísticas, al margen de la ONU, sin que
ello se considere ningún peligro para la paz mundial.
En principio, solamente se podría estimar como legítima una
intervención militar de la ONU, o por lo menos con su autorización, después de agotadas
todas las posibles medidas políticas y diplomáticas, frente a agresiones que se
consideren inminentes, o, en su caso, consumadas. Pero siempre que esa intervención
respete los derechos humanos de la población y las normas establecidas en los tratados y
pactos internacionales sobre las guerras. La intervención de la ONU, o bajo su
autorización, no puede suponer en ningún supuesto una especie de “patente de
corso” para violar las normas internacionales o los derechos de las poblaciones.
Una de las condiciones indispensables para legitimar
cualquier intervención militar es la proporcionalidad entre los daños que se pretenden
evitar y los que pueden ser producidos por dicha intervención. Y esa condición, dada la
capacidad mortífera y destructiva de las nuevas armas, no se puede garantizar con
seguridad. Eso es lo terrible del dilema que la moral y el derecho plantean a toda
intervención bélica, aunque inicialmente se halle justificada. Esta situación exige
imperiosamente, por parte de la ONU, la convocatoria de una asamblea mundial para estudiar
y buscar soluciones a los problemas conflictivos (y no sólo por parte de Irak) que
amenazan gravemente la paz.
Una intervención bélica impremeditada podría llegar a
desencadenar un cataclismo mundial de consecuencias imprevisibles. La guerra ya no es un
instrumento para solucionar eficazmente problemas internacionales, sino el posible origen
de nuevas situaciones violentas más graves aún que las que se pretende remediar. En las
presentes circunstancias, la guerra podría ser un suicidio colectivo de la humanidad de
la era atómica. “Guerra a la guerra” debería ser el grito que resonase de un
extremo al otro del planeta, porque “todo puede perderse” con el estallido de
una nueva guerra.
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