Desde el punto de vista social, el problema de la vivienda urbana es una de las cuestiones más graves y urgentes que se plantea en España. ¿De qué sirve subirle el sueldo en cuatro o cinco puntos a un trabajador, si no tiene resuelto ese problema? La política de vivienda que se practica en España, por lo menos desde 1980, está dando resultados negativos. Según datos hechos públicos, desde ese año el precio de la vivienda ha subido un 726% en términos nominales, y un 124% en términos reales. En esto hemos superado en 6,5 veces a la media de los 13 países más ricos del mundo.

Y, sin embargo, después de la alimentación y el vestido, la vivienda es una necesidad básica de la persona. Sería irreal pretender un desarrollo de la familia, si no está resuelto el problema de la vivienda, que es como “su espacio vital”, en frase de un papa moderno.

En los años anteriores a la guerra civil, la vivienda urbana era en general asequible, aunque a veces las condiciones de higiene y habitabilidad de algunas viviendas y algunos barrios eran bastante precarias. El ahorro de la clase media-alta se orientaba en muchos casos a la inversión en vivienda urbana, que aunque tenía una rentabilidad modesta, era segura y sin oscilaciones.

La hecatombe de la guerra trajo, entre otras consecuencias, una escasez de vivienda urbana, coincidiendo con la migración masiva de la población rural a las ciudades. El legislador de entonces intentó paliar la situación congelando los alquileres urbanos, protegiendo al arrendatario frente al propietario. Aquellas medidas, que podían justificarse en esas circunstancias, se prolongaron demasiado y, entre otras consecuencias, desviaron el ahorro que la clase media orientaba a la vivienda urbana. Y así se abrió el campo a la especulación inmobiliaria, que generó uno de los grandes negocios de la postguerra, con la complicidad –hay que decirlo– de muchos ayuntamientos.

El hecho es que escasean las viviendas a consecuencia de la subida de precio de los solares urbanos, amén de otros factores. Por otra parte, se ha difundido la adquisición en propiedad de la vivienda urbana, hasta el punto que de los 19 millones de viviendas que se calcula existen en España, sólo el 13% son viviendas de alquiler. La especulación ha sido una de las causas decisivas para que el coste de la vivienda haya subido hasta el 35% y aún el 50%, cuando según cálculos razonables sólo debe representar un 25% del coste total.

No sólo ha faltado una política de estado sobre la vivienda, sino también una política municipal. Los municipios podrían haber paliado el problema adquiriendo terrenos rústicos, antes de urbanizarlos, e incluso adquiriendo la propiedad de viviendas populares para ofrecerlas en arrendamiento. Resulta difícil de explicar, además, que los sindicatos, que deben preocupase de los trabajadores, en general no hayan ejercido ninguna influencia en este sentido. No sólo, sino que cuando se han puesto a construir viviendas, se ha dado algún caso de grave fraude.

Habría que encarar el futuro con un sentido realista, promoviendo la construcción de viviendas asequibles para las rentas modestas y favoreciendo la vivienda de alquiler, que evita la congelación de capitales modestos y facilita la solución del problema; y mucho más considerando las corrientes migratorias que están penetrando en España.

Algunos han apuntado como solución al problema el ejercicio del derecho real de superficie, que se limita al uso y disfrute del espacio de la vivienda y descuenta el precio del suelo del coste de la misma y, en la práctica, sus titulares pueden inscribirlo en el Registro de la Propiedad y transmitirlo a sus herederos a precios mucho más asequibles que el derecho de propiedad.

La familia, y en especial la familia trabajadora y los nuevos matrimonios, necesitan urgentemente políticas realistas de la vivienda urbana que faciliten su desarrollo económico y no condicionen su futuro.

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