Lo hemos podido ver en estos últimos meses a causa de la Covid-19, que ha puesto de manifiesto la entrega al enfermo, luchando por su vida y su calidad, a pesar de las limitaciones. Por eso sorprende que en este tiempo de aparente amor a la vida (medidas para proteger a la ciudadanía) se esté debatiendo, como supuesta necesidad, un proyecto de ley sobre la mal llamada «muerte digna» para eliminar no solo el sufrimiento sino también a la persona. Sorprende también que apenas haya habido diálogo social ni se haya escuchado a la Asociación Médica Mundial, que se opone radicalmente a ella, pues considera contrarios a la ética tanto el suicidio asistido como la eutanasia, dado que los fines de la medicina son prevenir y curar la enfermedad cuidando siempre a quien la padece. Al respecto, la revista científica Journal of Palliative Medicine ha divulgado un estudio, publicado en octubre de 2018, según el cual cada año 27 millones de personas en el mundo requerirían cuidados paliativos y no tienen acceso a ellos. 

La Organización Mundial de la Salud considera que, con el desarrollo de los métodos de tratamiento paliativo, no es necesario legalizar la eutanasia. Todo paciente incurable tiene derecho a estos cuidados, cuyo objetivo es la atención integral, controlando síntomas refractarios, trastornos psicoemocionales, problemas sociales y espirituales... Algo muy diferente de la eutanasia, que según la OMS, es la «intervención médica (acción u omisión de la atención o cuidados debidos) que tiene como finalidad el homicidio por compasión». Es decir, quitando la vida a una persona no se tiene en cuenta su dignidad, su inmenso valor hasta el último instante de su vida, ni existe compromiso de acompañarle y aliviarle el sufrimiento. Cabría preguntarse si hay vidas no dignas de ser vividas y si la única solución ante el sufrimiento humano es destruir la vida.

En los países donde la eutanasia está legalizada se ha hecho evidente la llamada pendiente resbaladiza, es decir, se empieza practicando la eutanasia en casos excepcionales y se acaba realizando en pacientes que quizás no han dado su consentimiento. El último escalón sería la píldora de vida acabada, que otorga a cualquier persona mayor de 70 años el derecho a recibir un veneno letal. Cabe decir que es una forma de inducir a las personas más vulnerables a desear la muerte. Ahora bien, estas personas tienen derecho a unos cuidados y atenciones en función de las limitaciones que padezcan. Y como dice el doctor Manuel Martínez-Sellés, «un gobierno no puede atribuirse el derecho a legalizar la eutanasia, pues la vida del inocente es un bien que supera el poder de disposición tanto del individuo como del Estado». La American Medical Association reiteró en junio de 2019 su oposición a la eutanasia por «imposible de controlar y un riesgo para la sociedad». La Constitución española avala el derecho a la vida, pero no a la muerte. De hecho el Tribunal Constitucional ha negado que exista tal derecho. También el Convenio Europeo de Derechos Humanos afirma que «la muerte no puede ser infringida intencionalmente a nadie».

Los cuidados paliativos son la alternativa ética, técnica y eficaz para el sufrimiento. Afirman la vida sin pretender precipitar ni retrasar la muerte, proporcionando al paciente cuidados intensivos y acompañamiento a la familia. El objetivo terapéutico se centra en la calidad de vida, entendida como algo subjetivo. Quienes trabajan e investigan en este ámbito coinciden en que se trata de un conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden enseñar, aprender y aplicar con buenos resultados.

Es urgente aumentar los recursos económicos para estos cuidados y que sean reconocidos como especialidad dentro de la Medicina. Así, quienes se dediquen a ella estarán preparados para garantizar que el enfermo conviva con su dolencia con paz y tranquilidad, llegando a la muerte serenos y envueltos por la ternura de sus seres queridos.