En septiembre se cumplen seis meses desde que se cerraron las escuelas. Muchos agentes educativos compartimos la idea que no puede pasar más tiempo sin que niños y niñas vuelvan a las aulas ¡La educación presencial es irrenunciable! Sin embargo, los brotes de COVID-19 durante el verano aumentan la incertidumbre sobre cómo será la vuelta al cole. Cuando escribo estas líneas, y a la espera de la Conferencia de Presidentes autonómicos que Pedro Sánchez anunció para finales de agosto para preparar la vuelta al cole, las opiniones de padres y madres, docentes, responsables educativos y sindicatos son muy contrastantes, casi divididas. Cuando solo faltan semanas para reabrir las escuelas tenemos la oportunidad, y también la responsabilidad, de prepararnos para todos los escenarios posibles. 

 

 En una de sus intervenciones la ministra de Educación Isabel Celaà aseguró que la vuelta al cole en septiembre sería presencial. De hecho, en junio los ministerios de Sanidad y Educación publicaron el documento «Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021», basado en cuatro pilares fundamentales: la creación de grupos estables de convivencia en infantil y primaria, la higiene y el distanciamiento social, el uso de mascarillas, y la propuesta de varios escenarios en función de las condiciones sanitarias, desde la educación totalmente presencial a la totalmente telemática, pasando por el modelo hibrido. Sobre esta base todas las comunidades autónomas han elaborado protocolos o planes de contingencias. 

En estos momentos tenemos diecisiete protocolos de prevención y gestión que no son a gusto de todos. A medida que se conocen, así como la organización lectiva de los centros escolares, surgen protestas por parte de representantes sindicales, directores de centros y asociaciones de padres y madres que piden condiciones más seguras para la vuelta al cole. Medidas como aumentar la contratación de profesorado, disminuir la ratio, invertir en infraestructuras, incorporar un referente de enfermería e incluso modificar la legislación laboral para que padres y madres tengan derecho a baja laboral en caso de que su hijo o hija deba guardar cuarentena.