A la desafección de muchos ciudadanos por la política y los políticos de su país se une la sensación de que «lo que viene de Bruselas» es ajeno. ¿Cuántas veces hemos oído que las instituciones comunitarias son un conjunto de eurócratas –muy bien pagados– que elaboran normas y toman decisiones que «menoscaban» la soberanía nacional y «controlan» que los Estados miembros las cumplan con «amenazas» de severas sanciones? Simplificando mucho, este fue parte del planteamiento de los defensores del Brexit, lo cual ha llevado a pensar: algo estaremos haciendo mal cuando uno de los primeros Estados miembros decide, aunque por exigua mayoría, abandonar el selecto club. 

 

Sin embargo, ha sido el gran reto de la pandemia el que ha provocado que muchos ciudadanos se cuestionasen, sobre todo al inicio, la razón de ser de la Unión y su capacidad de respuesta, pues precisamente en tiempos difíciles es cuando debe demostrarse si las instituciones y los modelos de gobernanza funcionan, o hay que pensar en cambiarlos. Y las fuerzas políticas antieuropeas han aprovechado la situación para incrementar sus proclamas eurofóbicas. Tras unas semanas de inercia, las instituciones comenzaron a reaccionar, con la convicción de que ante una crisis que afecta a todos se necesita una respuesta común, fuerte y coordinada. El principio de solidaridad, pilar básico de la construcción europea, reflejado en los artículos 80 y 222 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, afloró con fuerza.